Este pasado viernes se conocieron los resultados de los tests de estrés o pruebas de solvencia a las entidades financieras europeas, y el resultado fue de 5 suspensos para las entidades españolas, 2 para las griegas y 1 austriaca, sumando en total 8 suspensos de las 91 entidades que se sometieron al examen.
Las cinco entidades españolas que suspendieron han sido la Cam, el Grupo Caja 3 (Caja de la Imaculada, Caja Badajoz y Caja Círculo Católico de Burgos), Catalunya Caixa, Unnim y Banco Pastor. De ellas, tres ya habían suspendido las pruebas de solvencia de hace un año, concretamente, Catalunya Caixa, Unnim y la Cam.
Sin embargo, las autoridades financieras españolas le han restado importancia a estos resultados sobre la base de que España presentó el 95% de sus entidades, mientras que la media europea se situó en el 65%. Ello hace que el resto de Europa no presentara a sus entidades en problemas, mientras que España presentara a todas, las buenas y las malas, en un ejercicio de transparencia de agradecer.
Por otro lado, la Autoridad Bancaria Europea, la ejecutora de los tests, calcula que la Unión Europea, a través de los gobiernos nacionales, tendrá que inyectar no menos de 2.500 millones en estas entidades para que puedan mantener una solvencia sostenible en el medio-largo plazo.
De estos 2.500 millones, 1.564 millones de euros corresponderían a las entidades financieras españolas suspensas, y, especialmente a la CAM, que presenta un déficit de 947 millones de euros, siendo una de las entidades europeas en peores condiciones (al menos de las que se presentaron al examen).
El mayor problema es que las entidades financieras españolas no se hayan recuperado tras tres años de reestructuración, lo que pone de manifiesto que algo se está haciendo mal, como bien han advertido los órganos reguladores internacionales que han catalogado a la reestructuración española como blanda y poco profunda.
Miguel Ángel Fernández Ordoñez, por su parte, ha restado importancia a los resultados, sacando pecho por la solvencia de las entidades españolas con respecto a las del resto de Europa, y negando la necesidad de inyección pública, debido a las reservas que estas entidades mantienen en el Banco de España, y que no han sido tenidas en cuenta en las pruebas.
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