En lo que llevamos de año 2011, el Tesoro Público español ha emitido un total de 80.000 millones de euros de deuda pública, la cuál ha sido comprada por los inversores internacionales en forma de letras, bonos y obligaciones, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Economía y Hacienda.
De estos 80.000 millones de euros, 38.778,45 han sido en forma de letras, 28.000 millones de euros, en forma de bonos, y un total de 15.000 millones de euros en forma de obligaciones del Estado, unas cantidades que se adecuan a las previsiones iniciales del Tesoro Público para este año 2011, a pesar de que la incertidumbre sobre las economías europeas de principios de año hacía temer mayores dificultades.
Sin embargo, el Tesoro Público español confía en que este año 2011 la cantidad global de endeudamiento sea menor que la de 2010, por la menor necesidad de la economía nacional, ya más recuperada de la crisis económica de lo que estaba hace un año.
No hay que olvidar que cuanto más se incrementa la deuda global de un país con respecto a los mercados internacionales, mayor poder se les otorga a éstos y, por tanto, más en sus manos quedan los gobiernos nacionales elegidos democráticamente.
Y esta es una de las principales reivindicaciones del movimiento 15M, la recuperación del poder de las democracias contra los acreedores internacionales. Algo que, como vemos, no es sencillo debido a las necesidades de endeudamiento de cada país en concreto.
La clave para calibrar el endeudamiento global de España estará marcada por la evolución del mercado interior, en términos de consumo y demanda, porque hasta que no se recuperen estos dos aspectos fundamentales de la microeconomía de un país, España no podrá vivir sin la dependencia de sus acreedores internacionales.
La única buena noticia que ha recibido el Tesoro Público español en estos meses, es el hecho de que el tipo de interés exigido por los inversores internacionales para comprar la deuda de nuestro país se ha reducido de manera drástica, al amparo de las medidas de ajuste económico que han venido realizando tanto la Administración central como las Administraciones autonómicas en el conjunto del territorio español.
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