La Comisión Europea ha dado a España, y a otros cinco países, un plazo de dos meses para implementar la tercera directiva sobre requisitos de capital al ordenamiento jurídico español. Dicha directiva estipula condiciones de solvencia más estrictas para las entidades, que deben de cubrir los depósitos de sus clientes en un mayor porcentaje, así como estipula la imposibilidad de ofrecer incentivos referenciados a posiciones de riesgo para los ejecutivos de las entidades financieras.
Esta directiva tiene como objetivo es evitar que se vuelva a repetir el escenario financiero que permitió la creación de la burbuja financiera que ocasionó la actual crisis económica, un escenario en la que los ejecutivos de los principales bancos asumieron riesgos irresponsables en aras de obtener incentivos individuales.
Sin embargo, el Gobierno español se ha apresurado a indicar que la directiva ya está implementada, a pesar de que la Comisión Europea no lo reconozca, a través de la Ley de Economía sostenible, que ponía veto a estos incentivos fundamentados en los riesgos, y que reforzaba la labor supervisora del Banco de España a todos los niveles.
Como sólo se trata de una amenaza de la Comisión Europea para una posterior denuncia, es probable que una vez que el organismo europeo compruebe la realidad de los hechos presentados por el Gobierno español, la cosa quede en nada y todas las aguas vuelvan a su cauce.
Sin embargo, es sorprendente comprobar el hecho de la falta de comunicación evidente entre el gobierno europeo y el gobierno español, hasta el punto del desconocimiento real de la implementación de una directiva dentro del ordenamiento jurídico de una nación.
Es evidente que alguien se ha equivocado, o la Comisión Europea por su falta de control real, o el Gobierno español por su incapacidad de implementar la directiva, o de presentar al organismo europeo la directiva implementada, para que no haya malosentendidos.
En cualquier caso, la directiva es un paso adelante hacia la regulación de los mercados financieros, una manera de poner los cimientos para que la actual crisis económica no se vuelva a producir en el futuro más cercano.
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