Una vez pasada la marejada que provocó el decreto del Gobierno para reducir la guerra del pasivo, ésta parece haberse recrudecido en los últimos meses con varias entidades lanzándose a la caza y captura de los depósitos de sus clientes, y de los clientes de la competencia, bordeando la penalización del Fondo de Garantía de Depósito.
Y es que recordemos que, en función del nuevo Decreto del Gobierno todo aquél depósito bancario que supere el 3,15% TAE estará obligado a pagar una penalización al Fondo de Garantía de Depósitos, con el objetivo de garantizar la solvencia de las entidades y la sostenibilidad de estos depósitos en el medio-largo plazo.
Tras el decreto se produjo un movimiento contracción de todas las entidades, que quisieron comprobar hasta que punto les podía interesar llegar a pagar esa penalización para conseguir un mayor número de clientes, y parece que la conclusión ha sido evidente para ellas.
En estos momentos, un total de siete entidades ya ofrecen depósitos bancarios con rentabilidades del 4%, es decir, por encima del límite marcado por el Decreto del Gobierno, y es que parece que la necesidad de liquidez a través de los mercados minoristas es más acuciante que la posible penalización.
Bankinter, que ha sido la última entidad en unirse al grupo, ha secundado a las otras entidades que ya ofrecían un depósito del 4%, como eran el Banco Popular, Bankia, ActivoBank, Oficinadirecta, Banco Spirito Santo y Popular-e, una buena noticia para los ahorradores, que podrán obtener una mayor ganancia con su dinero, y una mala noticia para las intenciones del gobierno que intentaba garantizar la sostenibilidad de las entidades financieras y de los depósitos.
En definitiva, parece que las entidades financieras necesitan la liquidez como el comer y están dispuestas a asumir los riesgos y las penalizaciones a las que se vean obligadas con tal de obtener el dinero necesario para poder seguir con sus operaciones diarias, y evitar el colapso total en el que están a punto de caer por culpa del apalancamiento de sus balances y de sus cuentas con motivo de los embargos y posterior desahucios de viviendas.
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