El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero presentó ayer en el Congreso de los Diputados una petición de reforma constitucional en virtud de la cual se pueda limitar el déficit público en la Carta Magna, garantizando así que no caeremos en la misma vorágine deficitaria que nos ha golpeado durante esta crisis económica, llegando a valores tan insostenibles como el 11% de 2009 o el 6% de 2010.
La idea parte de la esencia de que el déficit público es un mal endémico que no se puede permitir y que debe de ser erradicado de las administraciones públicas si se quiere tener un sistema saneado y sostenible en el medio-largo plazo sin que el contribuyente sufra las consecuencias irremediables, que estarían íntimamente relacionadas con un aumento de la presión fiscal.
El Gobierno, para lo que contará con la colaboración del Partido Popular, que ya propuso algo similar hace ahora un año, siendo entonces rechazada la propuesta por el Partido Socialista, el mismo que ahora la presenta, cosas de la política, intentará que en épocas de crecimiento normalizado, entre el 2% y el 3%, el déficit deba de ser cero, manteniendo el equilibrio presupuestario.
En caso de que el crecimiento sea inferior a ese 2% se podrían aceptar ligeros déficits públicos con el objetivo de incentivar la economía tratando de recuperar la senda de crecimiento, unos incentivos que podrían llevar a un déficit del 0,35%, como en Alemania, o del 0,50%, como parece proponer el PSOE.
Se trata, por tanto, de un límite de déficit público fijado en la Constitución pero con amplia flexiblidad para no atar de manos a los posibles Gobiernos que se encuentren en el poder, facilitándoles la capacidad de acción necesaria como para intentar recuperar a la economía.
Por lo que se ve, ambos partidos mayoritarios van a intentar realizar todos los trámites antes de que finalice la legislatura para que el referéndum pueda coincidir con las elecciones generales, aunque, eso sí, no entraría en vigor hasta el año 2018, que sería el primer ejercicio en equilibrio presupuestario, según las previsiones del Gobierno, con lo que la urgencia es ahora, no en la implementación definitiva de la medida.
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