Finalmente parece que los ministros de Economía de los 27 miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo este pasado viernes para poder recapitalizar la banca europea con una cantidad de hasta 100.000 millones de euros, superior a la prevista en un primer instante.
Con esta inyección de liquidez que recibirán las entidades financieras dentro de la Unión Europea, las autoridades pretenden dotar de confianza al mercado y conseguir así que la crisis de la deuda soberana pase a mejor vida, otorgando mayor tranquilidad a los gobiernos nacionales.
Sin embargo, el acuerdo no es ni mucho menos unánime, ya que países como España, Italia o Portugal, y el propio Banco Central Europeo, consideran que el ratio de capital de calidad que se exigirá a las entidades, fijado en el 9%, es excesivo y puede generar graves problemas de solvencia y dificultades con los inversores.
Por otro lado, estos 100.000 euros que se utilizarán para inyectar liquidez a las entidades financieras es muy inferior a los 200.000 euros que el Fondo Monetario Internacional considera como prioritario para evitar que se produzca un auténtico desastre en el sistema financiero europeo.
La aprobación definitiva de este principio de acuerdo, por otro lado, depende, en última instancia, de que se formalicen los acuerdos sobre otras cuestiones fundamentales que están afectando a la economía europea, como, principalmente, la quita de deuda griega, que rondará, según los últimos cálculos, el 50%, y, de una manera más secundaria, pero también importante, el refuerzo del fondo de rescate que permita frenar el contagio de la crisis de deuda a España e Italia.
En definitiva, un principio de acuerdo que marca un buen comienzo, pero que todavía deja muchas incógnitas abiertas que deben de ir cerrándose a medida que se concreten las medidas a tomar por parte de las autoridades comunitarias y se consiga cerrar acuerdos definitivos para el medio-largo plazo.
El gran objetivo es evitar la tremenda debilidad de las economías públicas de la Unión Europea ante los ataques especulativos, y permitir que tengan mecanismos de defensa reales con los que puedan hacer frente a los retos del futuro, garantizando todos los derechos a sus ciudadanos.
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