Según ha anunciado el nuevo Presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Aurelio Martínez, anterior Presidente del ICO, la entidad pública saldrá a bolsa este próximo mes de octubre, como inicio del proceso de privatización previsto por el Gobierno y que afectará al 30% de la sociedad.
Los primeros datos que maneja Loterías y Apuestas del Estado es que la valoración de la sociedad rondará los 21.000 millones de euros, y quedaría en una posición cercana al octavo lugar del Ibex-35, lo cuál podría revalorizarla de manera inmediata, pudiendo llegar, incluso a los 26.000 euros por la sobredemanda inicial.
Este proceso privatizador será el más grande que se haya realizado jamás en España, y hará que la sociedad resultante, después de la privatización, se convierta en la segunda empresa de juego a nivel mundial, sólo superado por Las Vegas Sands, en Estados Unidos.
En cuanto al desglose de la privatización, el 40% será ofrecido a instituciones públicas (tanto a nivel nacional como a nivel internacional), mientras que el 60% restante irá a manos de inversores particulares sin un límite previo al volumen de de inversión.
Por otro lado, la futura sociedad mixta, 70% pública – 30% privada, ofrecerá dividendos de manera mensual, algo nada habitual en nuestro país, aunque sí en otros países con mayor tradición de inversión a todos los niveles, lo cuál abrirá el camino para que otras empresas decidan optar por este mecanismo de reparto de dividendos.
El juego es una actividad de ocio que está cada vez más en auge, y sólo en el año 2009, movió en España 33.000 millones de euros, dentro del 34,5% del volumen total del juego mundial, que se mueve en Europa. (El volumen total de juego en el mundo es de 335.000 millones de dólares).
Este proceso de privatización de Loterías y Apuestas del Estado, es uno de los primeros que está llevando a cabo el Gobierno en su intención de aligerar la carga de la Administración del Estado y permitir que el capital privado pueda entrar en organismos públicos, dinamizando así la economía y generando una mayor eficiencia en los procesos operativos de las entidades resultantes tras la privatización.
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