Según cifras manejadas por la agencia calificadora de riesgos Moody´s la tasa que mide los desalojos hipotecarios ya en el pasado año había aumentado en un 59% respecto al año anterior y en este 2010 no ha sido diferente. De acuerdo a los números que maneja el Consejo General del Poder Judicial en España, ya se habían ejecutado tan solo en el primer trimestre más de 27.500 viviendas embargadas, un récord total y absoluto además de impactante.
En estas épocas de crisis no es para nada sencillo mantenerse al día con el pago de las obligaciones contraídas mediante un crédito hipotecario y la cantidad de compradores con viviendas embargadas que han debido solicitar la refinanciación de deuda es también una cifra récord que acompaña lo mencionado en el primer párrafo. Ha quedado demostrado que cada vez más este tema se encuadra dentro de un problema social y masivo, que además sofoca a las personas por el hecho dramático que supone estar al borde de perder su casa. A pesar de que en este pasado mes de Octubre el gobierno aprobó en el Congreso de manera unánime la postergación del plazo de ejecución de viviendas embargadas otorgando seis meses más a las familias para que logren regularizar la situación, esto sin duda que no es una solución de fondo.
Por otro lado y como en todas las crisis existen personas que pueden beneficiarse de la situación y de este modo encontramos un gran stock de viviendas embargadas que terminan siendo liquidadas a precios muy convenientes en las subastas públicas aunque éstas también en muchos casos se han declarado desiertas o con pocos interesados lo que significa un problema tanto sea para los bancos como para el Estado. Otro de los sectores que se ha visto beneficiado con este problema es el de los alquileres y se ha notado por esta razón un importante aumento de más del 60% de las viviendas en alquiler respecto a las casas en venta, lo que puede resultar en una solución a corto plazo para realojar a las familias cuyas viviendas embargadas lleguen a ser ejecutadas.
Lo que sí está en el tapete y es tema central de discusión es la cuestión de que si el Estado debe intervenir o no en el problema de la ejecución, o por decirlo de otra manera meterse en medio de las terceras partes del conflicto. Si bien es un problema social como mencionamos, cada parte tiene su riesgo al asumir un contrato de características hipotecarias y debería entonces, por sí sola, enfrentar las consecuencias.
Deja una respuesta